Live! Resorts Madrid casi imposible

The Cordish Companies

Joseph Weinberg Cordish Group

Joseph Weinberg, Consejero Delegado de Cordish durante la presentación de Live! Resorts Madrid (Foto: Mauricio Skrycky – EXPANSION)

Live! Resorts Madrid es un sueño casi imposible por ahora. Las nuevas leyes regionales establecidas durante esta semana complican aún más el deseo de operadores internacionales de crear nuevos súper casinos en territorio español, como es el caso del proyecto de la empresa Cordish.

El gobierno regional de Madrid ha anunciado nuevas reglas, las cuales harán aún más difícil el deseo de las multinacionales, como es el caso de la entidad estadounidense fundada por Louis Cordish, de hacer realidad los proyectos de construcción de nuevos complejos de entretenimiento en España.

El pasado martes, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció nuevos planes, los cuales pondrán en una situación más complicada a cualquier proyecto que haya sido designado como Centro de Desarrollo Integrado (CID). Se trata de un estado actualmente muy solicitado, ya que ofrece a los desarrolladores unas ventajas significativas en términos de uso de suelos y sus obligaciones tributarias.

El operador de casinos de Estados Unidos, Cordish Gaming, esperaba ganar la designación de CID para su proyecto Live Resorts Madrid. Estas esperanzas se desvanecieron en julio, después de que el gobierno local rechazara la solicitud de la compañía, debido a un temor por parte del gobierno, a la factura del proyecto de ley necesario para desarrollar la infraestructura circundante adecuada a dicho proyecto.

Madrid está revisando actualmente su Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. El último borrador incluye el requisito de que cualquier solicitante de CID tendrá la obligación de demostrar que su proyecto es urgente y ofrece un interés público excepcional. Los CID futuros solamente se concederían mediante licitación pública para garantizar la máxima transparencia y libre competencia.

Los proyectos CID también se limitarán a los que sean construidos sobre terrenos públicos, con excepción de las tierras privadas que ya están clasificadas como ´urbanas o urbanizables´. En el caso de las tierras públicas, los propietarios municipales podrán tomar la decisión final sobre cuál es el mejor proyecto y que coincide con los criterios del Centro de Desarrollo Integrado.

Finalmente, corresponde a los municipios, no a los desarrolladores, determinar la escala de las mejoras de infraestructura necesarias para apoyar cualquier proyecto CID. Si los desarrolladores no están de acuerdo con la evaluación de un municipio, y aceptan pagar la factura, entonces no habrá CID para usted.

Este último punto fue uno de los principales problemas que condenó al proyecto Cordish. El gobierno local estimó que construir un enlace ferroviario con la obra propuesta en Torres de la Alameda, costaría unos 340 millones de euros, mientras que Cordish solo planeaba gastar 15 millones de euros en ampliar la carretera existente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que los cambios legislativos fueron necesarios con el fin de evitar operaciones especulativas, cubrir vacíos legales y dar mayor protagonismo a los municipios; esto es, con el objetivo del cumplimiento total de la Ley española.

Un día después de que Madrid rechazara la última propuesta de Cordish (la segunda vez que los esfuerzos de la empresa se consideraban carentes), la compañía afirmó haber observado ´irregularidades muy graves´ en el proceso de solicitud. También anunció que «perseguiría concienzudamente el ejercicio de todas las acciones legales» para defender sus intereses. Cordish todavía tiene que comentar más al respecto.

Cierto es que Madrid no está haciendo fácil la entrada de nuevos operadores de casino internacionales. En 2013, Las Vegas Sands abandonó sus planes de construir un complejo de casino multifuncional que denominó como EuroVegas, después de que la empresa fuera incapaz de asegurar las desgravaciones fiscales y las exenciones del país de la prohibición de fumar en el interior de los recintos.

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